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La familia fue liberada horas después con la intervención de autoridades municipales y estatales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que inició una investigación por el aparente encarcelamiento de una familia indígena, incluidos menores, en la localidad de Polhó, municipio de Chenalhó.
De acuerdo con información emitida por la dependencia, la familia fue encarcelada por agentes municipales de Polhó tras un conflicto comunitario de tierras en el que estuvieron involucradas dos familias que habían negociado la venta de una parcela.
Meses después, al no reconocerse en su totalidad la transacción ni esclarecerse adecuadamente, el comprador solicitó el apoyo de la autoridad ejidal para detener al vendedor y hacerle cumplir lo pactado.
Sin embargo, durante la detención, también fueron encarcelados su esposa y sus dos hijos menores.
En redes sociales circuló un video en el que se observa a un niño tras las rejas mientras llora, con sus padres de pie al fondo bajo la sombra de la noche, lugar donde la familia permaneció privada de su libertad.
La Fiscalía de Chiapas informó que, horas más tarde, la familia fue liberada con la intervención del presidente municipal de Chenalhó y la Delegación de gobierno del estado de Chiapas.
La dependencia señaló que se emitieron las medidas de protección y cautelares correspondientes con la finalidad de resguardar la integridad física de las víctimas.
La Fiscalía de Justicia Indígena en la zona Altos continuará con las investigaciones para determinar por qué fueron encarcelados la esposa y los menores, y no solo la persona señalada en el conflicto de tierras denunciado.
Cabe recalcar que, en varios municipios de Chiapas, los pueblos de habla indígena aplican los “usos y costumbres” como una forma de impartir justicia.
En estos casos, sin previo juicio ante una autoridad ministerial o un juez, los agentes municipales o la comunidad pueden decidir desde encarcelar a personas señaladas de cometer algún delito hasta aplicar castigos físicos severos si consideran que han dañado gravemente la integridad comunal o puesto en peligro a personas en situación de vulnerabilidad.
En algunos casos, se registraron linchamientos que provocaron daños físicos graves e incluso la muerte de los presuntos delincuentes.
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